La Junta de Supervisión Fiscal avanza con el plan de privatización de peajes y aumento en las tarifas

El ente apuesta a certificar un nuevo plan fiscal para la Autoridad de Carreteras y Transportación para mayo, luego de llegar a un acuerdo de reorganización de deuda con bonistas

Recurso: Elnuevodia.com | Noticias | Laura M. Quintero

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) planifica certificar el 28 de mayo un nuevo plan fiscal para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que implica la privatización de los peajes de las autopistas de Puerto Rico y el aumento en el costo de ese derecho de tránsito, para el pago de la deuda pública.

El gobierno de Puerto Rico tenía hasta ayer, para entregar un nuevo plan fiscal de Carreteras, según el calendario establecido por el ente que controla las finanzas del país. La Ley PROMESA (por sus siglas en inglés) establece que la junta, en su sola discreción, determinará entonces si el plan fiscal propuesto por el gobierno satisface sus requisitos.

Esta fecha límite impuesta coincide con el anuncio, que la junta hizo el lunes, de que llegó a un acuerdo preliminar con bonistas de la corporación pública que tiene $6,000 millones en deuda. Se trata de un acuerdo con las aseguradoras Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee, que tendrá que ser validado mediante cambios al plan fiscal y el presupuesto de la corporación pública.



El presidente de la JSF, David Arthur Skeel, celebró como un “acuerdo justo” el anunciado este lunes pasado, que implica la emisión de $1,245 millones en deuda nueva con vencimiento a 40 años y una tasa de interés promedio de 5%. La fuente de repago de esta deuda nueva serán los ingresos de peaje y posibles concesiones a cambio de mejoras a la infraestructura vial.

“Aunque se comprometerán los ingresos netos de peaje y gastos de capital, la capacidad para separar las carreteras de peaje del resto de la ACT sigue siendo incierta”, observó la junta fiscal en la presentación disponible en su portal Web.

“La privatización es una alternativa a la emisión de bonos propuesta”, agregó.

En su cuenta de Twitter, otro de los miembros de la JSF (nombrado por el expresidente Donald Trump en octubre del año pasado), Justin Peterson, advirtió que el modelo de la infraestructura vial privada –la PR-22, la PR-5 y el puente Teodoro Moscoso, que administra la compañía Abertis– se debía replicar en todas las carreteras con peajes en Puerto Rico. Es decir, privatizar todas las carreteras con peajes.

“Si Metropistas puede operar con cuentas de reserva adecuadas financiadas por un sistema racional de aumentos de peajes periódicos, mientras el sistema de peaje financiado con fondos públicos de Puerto Rico, que no ha aumentado las tarifas en más de una década, no puede, ¿no deberíamos estar hablando de vender el resto de las carreteras de peaje de Puerto Rico también a operadores privados?”, expuso Peterson quien fue director de DCI Group, una entidad que ha representado a bonistas de obligaciones generales.



Peterson advirtió, además, que “la falta de acción de los líderes del territorio sobre los aumentos de los peajes, no debería ser obstáculo… (pues) la junta tiene la autoridad bajo PROMESA para hacer lo que sea necesario”.

Desde enero, la secretaria designada de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, había indicado que estaban analizando alternativas para mejorar “la salud fiscal” de la ACT. Reconoció, a su vez, que los peajes de las carreteras, que continúan bajo operación gubernamental, no han aumentado desde 2005 a pesar de que el plan fiscal contemplaba aumentar su tarifa desde el año anterior.

De hecho, el plan vigente, establecido por la junta para las carreteras y transportación de Puerto Rico, dispone que, para agosto, el gobierno debe proveer una lista de las vías públicas y otras infraestructuras y servicios, que considera se pueden ceder a administradores privados.

Críticas al acuerdo

El abogado de quiebra, Rolando Emanuelli, criticó que este acuerdo mejora las condiciones para los tenedores de bonos, quienes originalmente carecían de garantías seguras de pago y su deuda había sido cuestionada en los tribunales. “Es básicamente, aumentar la categoría de esos instrumentos… Es un mal negocio porque, en la eventualidad de una segunda quiebra, no se podría ajustar (los compromisos de pago) y entonces (los recortes) irían contra los acreedores no asegurados como los pensionados”, opinó Emanuelli.

Dijo que este ha sido el patrón del ente fiscal con otras deudas de legitimidad cuestionada -incluso por la propia junta- como la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Emanuelli representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER) como acreedores no asegurados en la quiebra de la AEE.



Por su parte, el presidente del Capítulo de la ACT de Prosol-UTIER, Ángel Pinto Rivera, lamentó que el gobierno haya estado desmantelando y privatizando por partes a la corporación pública desde hace 10 años, mientras incentiva las renuncias de empleados y congela sus plazas. Agregó que los subcontratistas privados hacen las labores de mantenimiento por el doble y a veces el triple del salario.

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