Aprueban nuevas enmiendas a la Ley de Vehículos y Tránsito
El Senado de Puerto Rico en su sesión legislativa del 6 de septiembre aprobó por unanimidad tres proyectos de ley que buscan enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito.
Recurso: Microjuris.com | Noticias
¿De qué tratan los proyectos?
Esta medida propone que se requiera la alegación de reincidencia en la denuncia por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.
La enmienda de ley dispone que en los casos de segunda convicción y subsiguientes, el Tribunal también ordenará la confiscación del vehículo de motor que conducía el convicto bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias controladas al momento de ser intervenido, y a su vez, establece que el Tribunal podrá imponer las penas por reincidencia establecidas en esta ley sin ser necesario que se haga la alegación de reincidencia en la denuncia o en la acusación.
La propuesta legislativa fue presentada por la senadora Marially González Huertas.
La pieza legislativa busca derogar el Artículo 21.02 con el fin de eliminar la discreción de imponer faltas administrativas y multas de $100 que no estén dispuestas en la Ley o reglamentos promulgados.
Según expone el proyecto, la Asamblea Legislativa durante el pasado cuatrienio, en busca de allegar fondos al fisco, aumentó las multas a pagar por motivo de infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito adoptando a su vez el actual Artículo 21.02, el cual brinda discreción para el otorgamiento de faltas administrativas y multas de cien ($100) dólares para todas aquellas infracciones que no estuviesen establecidas por Ley o Reglamento. Sin embargo, los propulsores de la medida señalan que el aumento en la inflación y el costo de vida de los puertorriqueños hace necesario enmendar y corregir dicha legislación pues consideran que fue un error el otorgamiento a dicha discreción para poder emitir estas faltas administrativas y multas.
La medida fue radicada por el presidente del Senado, José L. Dalmau Santiago y por el senador Ramón Ruiz Nieves.
El proyecto dispone que la persona que solicite un permiso de estacionamiento solo estará obligada a acreditar su condición física permanente la primera vez que solicite el permiso ante el Departamento de Transportación y Obras Pública (DTOP) con certificación médica que acredite su condición permanente.
La legislación propone se elimine el requisito dispuesto por esta ley de tener que acudir a DTOP cada 6 años para renovar dicho permiso especial, pues los autores de la medida entienden que dicho proceso de renovación puede resultar oneroso para los ciudadanos económicamente desventajados. Esto ya que, aunque el permiso especial en si no conlleva costo, tiene como requisito presentar una nueva certificación médica con su solicitud, y el mismo es necesario aun cuando el impedimento es permanente o se deteriore con el paso del tiempo. Se destaca además que en muchas ocasiones estas certificaciones médicas tienen que ser expedidas por un especialista y los costos de la misma no son cubiertos por el Plan de Salud del gobierno.
Los autores del proyecto son Marially González Huertas, Migdalia I. González Arroyo, Gretchen M. Hau Irizarry, Elizabeth Rosa Vélez y Ramón Ruiz Nieves.
Estas tres medidas pasarán a la Cámara de Representantes para su consideración.